El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, señaló que el pasado año la actividad tuvo resultados negativos y en este primer trimestre de 2012 el comportamiento es igual. “No se están comenzando nuevos proyectos. Las empresas que ya tienen permisos no han iniciado las obras por la falta de confianza y la baja disponibilidad de materiales”.

Aseveró que “en los últimos dos años la actividad privada disminuyó 50%. La reducción del sector resulta alarmante” y en ese contexto, aseguró que “el número de viviendas sin iniciar está creciendo” .

En 2011 el Banco Central de Venezuela admitió que el sector privado de la construcción tuvo una caída por la falta de insumos. En la asignación de los materiales hubo prioridades para la Misión Vivienda y ello afectó el abastecimiento al resto de las obras.

Jiménez señaló que “en los últimos meses se ha agravado de el suministro de los materiales. La escasez de productos de acero persiste y el abastecimiento es intermitente en cemento y otros productos”.

El presidente de la organización agregó que “el Estado aumenta la producción de viviendas, mientras que la inversión privada está disminuida”.

Para este año el Ejecutivo Nacional contempla una meta de construcción de 200.000 unidades y en días pasados el primer mandatario indicó que se estima que el sector privado realice entre 35.000 y 40.000 casas. A juicio de los constructores, ese nivel fijado a los privados ya refleja que la actividad será menor a la del año 2008 cuando se hicieron 70.000 unidades.

Inyección de recursos

El presidente de la Cámara de la Construcción aseguró que la inversión anual para la producción de viviendas tiene que ser de 15,7 millardos de dólares.

“Esos recursos garantizan la producción de 200.000 soluciones habitacionales y además generaría más de 1,2 millones de puestos de trabajo”.

Según Juan Francisco Jiménez, “se tienen que instrumentar políticas que garanticen anualmente el suministro de 400.000 toneladas de productos de acero y más de 2 millones de toneladas de cemento”.

Añadió que “deben cesar las trabas e incertidumbres que afectan al sector y que se han traducido en amenazas, ocupaciones y expropiaciones, regulaciones y un mayor cerco”.

Fuente: El Universal

“Estos últimos días ha habido una preocupación que se puede ver en dos facetas: una de buena fe, la de la comunidad interesada por saber que está ocurriendo aquí y de mala fe, cuando esa preocupación se transforma en guerra mediática”, señaló Sesto en rueda de prensa ofrecida desde el Aeródromo de La Carlota.

Este señalamiento lo hizo Sesto con base en informaciones publicadas por algunos medios privados y redes sociales en las que advertían sobre la instalación de una fábrica de cemento para la construcción de viviendas en dicho espacio. “Construir casas en La Carlota traerá malas consecuencias”, tituló hoy miércoles un impreso de circulación nacional.

El ministro apuntó que la construcción del parque se realizará de manera cuidadosa “sin forzar las cosas, sin incomodar ni a los vecinos, ni a la ciudadanía que transita por esta arteria vial tan importante, la idea es ir haciendo las cosas sin prisa pero sin pausa”.

Por su parte, Luca Pou, director de proyectos de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales explicó los detalles de la obra que ocupará 105 hectáreas, en conexión por el norte con el Parque Generalísimo Francisco de Miranda a través de una pasarela ecológica.

“Es más que una pasarela. Es una estructura de 80 metros de ancho por 80 metros de largo que tendrá vegetación en el techo, para que el vínculo entre los dos parques también sea una estructura verde”, explicó acerca de esta estructura que sumará un total de 174 hectáreas de áreas verdes y esparcimiento.

“Todo esto necesita instalaciones mínimas, necesitamos tener el concreto aquí, no se puede pretender hacer una obra sin tener los elementos básicos”, dijo al referirse a los suministros de cemento que permanecen en el lugar.

También aclaró que la maquinaria actualmente estacionada en La Carlota, conformada por camiones, grúas, autobuses y mezcladoras de cemento, están allí de manera temporal y serán repartidos a distintas plantas de concreto y al Ministerio de Servicios Penitenciarios, para el traslado de privados de libertad.

Señaló que permanecerá la pista de aterrizaje, pero sólo para emergencias, y los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que allí laboran serán trasladados a Fuerte Tiuna.

“Estamos haciendo distintos proyectos, no nada más el del parque, porque tenemos que construir, simultáneamente, las edificaciones en Fuerte Tiuna, para poder ir moviendo los distintos componentes militares que hacen vida en La Carlota”, agregó.

Adelantó, que recientemente se realizó el levantamiento de las especies de árboles que existen en La Carlota las cuales corresponden a 3.500 especies.

“Además de esto, hemos revisado las patologías que pueden tener algunos árboles para proceder al tratamiento fitosanitario y luego comenzar a realizar el vivero para iniciar el plantío de todo el paisajismo, que estimamos llegue a unos 10.000 árboles”.

Estiman que la primera etapa del parque estará lista en 2013. El espacio incluirá el Complejo Tecnológico Simón Bolívar, con la Fábrica Orinoquia de celulares, un espacio educativo y cultural, un gran centro de convenciones, un lago y un área para deportes extremos.

Tan solo para la empresa Venezolana de Cemento (Vencemos) se destinarán este año 129 millones de bolívares, de los cuales 43 millones de bolívares serán para el desarrollo de la cantera El Paradero en Anzoátegui.

Desde Cuba, el presidente Hugo Chávez firmó un punto de cuenta de 117 millones de dólares para la consolidación de la flota marina ($16 millones) y terrestre ($101 millones) de cemento.

También aprobó 22 millones de dólares para avanzar con la planta de encofrados de aluminio para la construcción masiva de viviendas, 600 mil dólares para el taller metalmecánico Los Mesones, en la planta Lara, y 2 millones de dólares para la adquisición de maquinarias y equipos para montajes industriales.

El primer mandatario dio el visto bueno a 79,2 millones de euros para la importación de maquinarias de Portugal y para una fábrica de bloques de arcilla en Falcón.

Para la maquinaria del aserradero de Proforca, que pasará a llamarse Maderas del Orinoco, se asignaron 89,4 millones de dólares y 20 millones de bolívares para los gastos de transportes asociados a la extracción de la madera. Asimismo, 225 millones de dólares para pagar la maquinaria adquirida para la planta de tableros de la fábrica Productos Forestales de Oriente (Proforca).

Hay fallas de borde en la vía y el pavimento está cuarteado. Luis González Guillén, cronista de la parroquia Caricuao y director de la Fundación Parque Universal de la Paz, señala el lugar exacto donde estaría la falla geológica en la zona, un hundimiento que los habitantes del sector usan para lanzar basura. Guillén guarda los planos geológicos y geomorfológicos de la zona y recuerda que en 2003 funcionarios de Protección Civil se pronunciaron sobre la inestabilidad del terreno donde ahora se observan las bases de cuatro edificios.

“¿Si en 2003 era una zona de riesgo, en 2012 esa situación ya cambió?”, ironiza el cronista. La comunidad ha visto como un terreno que era área verde se empezó a terracear.

En el lugar hay maquinaria pesada y uno de los encargados de la obra informó a los vecinos que se pretende levantar las siete torres sobre una sola placa. Alegó también que Funvisis nada les ha dicho sobre la vulnerabilidad del terreno.

Aunque no hay ninguna valla que identifique qué ente está a cargo de levantar el proyecto habitacional, los vecinos aseguran que la obra la lleva adelante el Gobierno del Distrito Capital. “En 2003 sacamos a 700 invasores de ese lugar y tuvimos que parar a Ruiz Pineda por dos sábados seguidos. El director de Control Urbano para ese momento, Wilmer Ramírez, ratificó la inestabilidad del sector y apoyó la acciones vecinales para sacar a los invasores”, recuerda Guillén, quien ha recogido más de cien firmas que rechazan la construcción.

Las rúbricas que logre recoger junto a la respectiva denuncia serán presentadas en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, en la Fiscalía y en el Colegio de Ingenieros. Para César Rodríguez, vecino de Telares de Palo Grande, llevar a personas que ya perdieron sus casas a este sector es convertirlas en potenciales damnificadas.

Son terrenos arenosos y esquistosos que están compuestos por lajas que se desmoronan fácilmente y que no soportan mucho peso. Guillén explica que se tendría que levantar un megamuro de contención para que el cerro pueda aguantar el peso de las placas. El terreno está en las adyacencias del Parque Universal de La Paz y abarca más de 10 hectáreas.

Si allí llega a levantarse el proyecto habitacional, Caricuao se alejaría cada vez más de ser una verdadera parroquia ecológica, título que obtuvo en septiembre de 2009 gracias a una larga y sostenida lucha vecinal. En agosto de 2008 la comisión de urbanismo del Concejo Municipal afirmó que si se declaraba parroquia ecológica, en las áreas verdes de Caricuao ya no se podría construir.

“No queremos más edificios ni más cemento para Caricuao, tenemos que defender la masa verde”, dijo Guillén.

Cuatro parques recreacionales (Vicente Emilio Sojo, Leonardo Ruiz Pineda, Parque zoológico y Parque Universal de la Paz) confluyen en esta parroquia. Pero de las casi 3 mil hectáreas de estos parques, apenas están desarrolladas 36 del zoológico de Caricuao.

Esta Charla será realizada a las 2:00 pm en el Salón S-205 Edificio Sur del IMME. Para mayor información, contactar al Departamento de Ingeniería Estructural de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela.

Aporrea incluye una carta del presidente de la empresa Somecil Guayana, Francisco Alves, dirigida a Néstor Astudillo, presidente de FerreSidor, la red de mercados socialistas ferreteros. En la misiva denuncia irregularidades en el cobro de acero de refuerzo a la contratista TSK. “Me dirijo a ustedes para manifestarles nuestro asombro por el hecho de que la referida empresa esté negociando pagar cabillas hasta por 17,20 bolívares por kilogramo cuando el precio es de 2,04 bolívares por kilogramo”, indica Alves en su misiva.

Esta diferencia arroja un sobreprecio de 743% en la venta de cabillas. “Nos quisieron hacer pagar esa cantidad para una obra que estamos haciendo para Corpoelec y por eso envié esa carta al ingeniero Astudillo. Tenemos entendido que Sidor le suspendió los suministros a la empresa TSK”, dijo Alves en una llamada telefónica con El Nacional.

Acusación por difamación. La publicación de Aporra acarreó que Néstor Astudillo respondiera ayer con una acusación ante la Fiscalía General de la República, en la que señala con los delitos de difamación e injuria a José Melendez, secretario general de Alianza Sindical, organización que se atribuye la responsabilidad del artículo publicado por Aporrea.

“Los trabajadores han denunciado que a pesar de que FerreSidor tiene como misión vender las cabillas a bajo precio directamente a las comunidades, se les está vendiendo a empresas privadas que han retirado… ¡Hasta 5.300 cabillas en sólo dos meses!”, indica el referido artículo.

En el texto se asegura que Astudillo compró durante el mes de diciembre 140 cabillas sin cumplir con el requisito que la venta debe tener el aval del consejo comunal. “Este señor consigue en un mes lo que a cualquier persona le llevaría más de un año”, indica el artículo.

También el artículo asegura que los trabajadores de FerreSidor “vienen denunciando amenazas y atropellos por parte de Astudillo y el despido de varios trabajadores”.

“Estamos presentando un documento con 300 folios en los que se demuestra la transparencia de cómo se están comercializando las cabillas y materiales de acero”, dijo el presidente de Ferresidor a su llegada al Ministerio Público.

“Participamos en la denuncia que hace un año se hizo de las mafias que existían en las ventas de cabillas y a partir de ese momento se designó una comisión de comercialización que supervisa con mucho cuidado todo el proceso”, agregó.

Astudillo indicó que Sidor durante 2011 despachó 300.000 toneladas de acero ­no aclaró si toda esa cantidad es producción nacional o hay una porción importada- pero sí especificó cómo se distribuyó: 90% se dirige sólo a organismos del Estado, de lo cual 80% es para la Gran Misión Vivienda y 10% para obras públicas, principalmente para la represa de Tocoma, plantas térmicas y las vialidades y servicios de transporte masivo y ferroviario.

Dijo que la producción de acero líquido aumentó 44,4% el año pasado con respecto a 2010 al pasar de 1,8 millones a 2,6 millones de toneladas.

Fuente: El Nacional

“Esto (los recursos) es sobre todo para vialidad, rehabilitación, mantenimiento, construcción de nuevas vías, autopistas, carreteras, en todo el país”, dijo durante el acto de celebración de los 13 años del Gobierno Bolivariano, desde el Teatro Catia, municipio Libertador de Caracas.

Indicó que entre las obras se encuentra la rehabilitación de la Autopista Regional del Centro en el tramo San Blas-Campo de Carabobo.

Asimismo, señaló que en el desarrollo de este plan nacional de obras públicas también se espera reparar el tramo Barinas-San Cristóbal, en la carretera nacional.

“Son 686 obras públicas que no tenían recursos”, precisó.

Agregó que en el plan también se incluye la atención a distribuidores, puentes, elevados, reparación de pistas de aterrizaje en aeropuertos que lo requieran, entre otros.

“Aquí hay que darle la mayor participación posible al Poder Popular, las empresas comunales. Sobre todo en la reparación de carreteras”, acotó.

Los reunidos en asamblea extraordinaria aseguraron que se oponen al plan por la falta de planificación, ya que la misma terminará de destruir su calidad de vida. Explican que no se han construido nuevas vías, no han mejorado los servicios y en la zona es casi nula la vigilancia policial.

Una de las vecinas participantes señaló que el rechazo obedece a que saben lo que van a vivir si en el lugar se incluyen a decenas de viviendas. “Si ahora tenemos que salir antes de las 5:00 de la mañana para llegar a nuestros trabajos, cuando se construyan centenares de apartamentos, entonces a qué hora nos tenemos que levantar”.

Algunos vecinos colocaron en sus cuentas de Twitter lo que sucedió durante el encuentro. Señalaron que no hubo acuerdo entre vecinos y los representantes de FundaCaracas por lo que éstos decidieron marcharse.

El directivo considera que en el país no hay promoción de la inversión privada, y por el contrario las leyes que se han aprobado y el clima de inseguridad jurídica que impera en el país son elementos que atentan contra la iniciativa no gubernamental. “Las últimas leyes, la inseguridad jurídica progresivamente han venido anulando la inversión privada”, dijo Jiménez a Unión Radio.

Agregó que proyectos de vivienda, salud, turismo, entre otros, con capital privado son los principales afectados con la situación actual. La única forma que los constructores se mantendrían en labores, es como contratistas del Gobierno, bien sea para obras de vivienda, salud, y demás áreas de infraestructura. “Si el estado aumenta inversión, los contratistas seguiremos ejecutando las obras que encargue el gobierno, pero indudablemente el país necesita de la inversión privada”, comentó.

Insumos secuestrados

Un señalamiento recurrente de los constructores privados es el “secuestro” de los insumos para la construcción por parte del sector público. El presidente de la Cámara dijo que “lamentablemente los insumos no llegan al sector privado”. “Voceros gubernamentales han dicho que los insumos están disponibles para las obras públicas, en especial para vivienda”.

El empresario señaló que esta política es “discriminatoria e inconveniente” para el país, porque las obras que adelanta el sector privado, en vivienda, salud, turuismo, también son para los venezolanos.